Tras la revelación de La Cornisa, legisladores opositores le imputan "fraude a la administración pública" por sus escasos controles a las máquinas tragamonedas del empresario kirchnerista.

Todo el directorio de Lotería Nacional fue denunciado ante la justicia federal por fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la presentación, los denunciantes involucraron al empresario kirchnerista Cristóbal López, dueño de los tragamonedas del Hipódromo de Palermo y del Casino de Puerto Madero, con negocios en la actividad petrolera y medios como C5N e Ideas del Sur, la productora que comparte con Marcelo Tinelli.

La presentación la efectuaron Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro, legisladores de UNEN por la Ciudad. Oliveto y Ferraro basaron su denuncia en el informe presentado el domingo 30 de marzo en el programa La Cornisa, que se emite por América Tv y que conduce Luis Majul. La presentación judicial consignó que durante la emisión del programa se reveló “la ausencia de controles on line por parte de la Lotería Nacional Sociedad del Estado en relación a las máquinas (tragamonedas) obrantes en el Hipodromo de Palermo y el denominado Casino Flotante, ambos propiedad de Casino Club, del empresario Cristóbal López”.

La denuncia ingresó en el juzgado Federal número 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, el jueves 3 de abril. El presidente de Lotería es Roberto Armando López y fue denunciado junto a Andrés Cimadevilla, Juan Manuel Artico y Mario Pudkin, a quienes, como miembros del directorio, les achacan “ausencia de control en la recaudación” y la “facilitación de evasión tributaria”. Olivetto y Ferraro advirtieron, además, que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no ha podido auditar nunca a la Lotería Nacional, lo que habría permitido el uso “discrecional de los fondos obtenidos por los juegos de azar”. Roberto Armando López fue interventor del banco provincial de Santa Cruz y participó en el proceso de liquidación y privatización de la entidad financiera.

La operación fue un escándalo, porque la provincia de Santa Cruz, entonces gobernada por Néstor Kirchner, debió absorber una pérdida casi 200 millones de dólares en concepto de créditos que nunca se terminaron de devolver. Contador público de origen radical, devenido kirchnerista, muy cercano, en su momento, a Lázaro Báez, López es presidente de Lotería desde 2003 y siempre supo eludir el pedido de controles a los tragamonedas de Casino Club que hicieron, formal e informalmente, competidores de Cristóbal y legisladores de la oposición.

Oliveto y Ferraro demandan un control más estricto y transparente “para asegurar un auténtico y proporcional retorno de premios y garantizar que no exista un desfasaje entre el monto de dinero real que debe percibir el Estado Nacional, en concepto de impuestos y cánones, por lo producido por esas máquinas, y lo declarado por el operador, que en este caso puede ser una cifra ostensiblemente menor en virtud de la falta de controles a la que referimos”.

Los denunciantes compararon el control en tiempo real y la conexión de las tragamonedas on line que ejercería la Lotería de la provincia de Buenos Aires y que “permitirían que “puedan evaluarse los movimientos de cada máquina en cada momento” con el precario control que se ejercería de las tragamonedas de la ciudad.

“La investigación presentada por La Cornisa nos permitiría inferir un tratamiento preferencial, en particular, para las concesiones de juego en cabeza de Cristóbal López, ya que se expuso un precario control on line de las máquinas que funcionan dentro del Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante de Puerto Madero”. Los legisladores también destacaron que, en su momento, la auditoría de la Ciudad denunció que los datos obtenidos por la terminal que registraba la recaudación de los tragamonedas de las salas de juego de Palermo y Puerto Madero, “no se corresponden a las registraciones contables de la Lotería Nacional”, lo que destacaron como una inconsistencia.

Oliveto y Ferraro recordaron, en la presentación, que Cristóbal López “obtuvo la autorización del AFSCA para la compra de C5N, aún cuando su calidad de concesionario del Estado se lo impedía”. También señalaron que el 5 de diciembre de 2007, el expresidente Kirchner “en uno de sus últimos y mas resonantes actos de gobierno” firmó el decreto 1851/07 para otorgarle a Cristóbal López una prórroga hasta 2032 de la concesión de la operatoria en el Hipódromo de Palermo.

Los denunciantes pidieron a la Inspección General de Justicia todos los estatutos y balances de Casino Club SA. También requirieron a la AFIP que informe sobre las actuaciones para verificar la recaudación de los tragamonedas de Palermo y de los dos barcos denominados “casinos flotantes”. Además pidieron a Lotería que informe de manera fehaciente sobre el sistema y las empresas contratadas para realizar el control “on line”. Finalmente solicitaron la designación de un perito para que compare el producido de las tragamonedas de la provincia de Buenos Aires con las máquinas ubicadas en Palermo y Puerto Madero.

Fuente: Perfil.com