El Gobierno está en una encrucijada. Y ninguna de las salidas le garantizará un relativo éxito. Cristina Fernández necesita detener, como sea, la sangría de votos que le están provocando las denuncias de corrupción. Las encuestas no mienten. Su imagen positiva cayó más de diez puntos en poco más de un mes. Muchos de quienes la votaron en octubre de 2011 ahora están enojados con Ella, porque no sale a decir una palabra sobre las acusaciones de lavado de dinero contra Lázaro Báez y el enriquecimiento de personas muy cercanas al ex presidente Néstor Kirchner.

La imagen del Nestornauta es incompatible con la de un hombre que hizo construir una bóveda en su casa de El Calafate y tenía otra enorme caja fuerte en su domicilio de Río Gallegos. Las declaraciones públicas y judiciales de Miriam Quiroga lo dañan de manera profunda y todos los días aparecen en los programas de radio y televisión críticos personas dispuestas a hablar para contar más detalles de escándalos parecidos. La onda expansiva no se detiene y otros empresarios amigos de Kirchner temen correr una suerte parecida a la de Báez. Cristóbal López está haciendo lo imposible para que los periodistas entiendan que él empezó a hacerse rico antes de conocer al ex presidente. Ahora mismo permanece en los Estados Unidos para terminar de instalar un casino en ese país. López, además, instruyó a uno de sus socios para que, una vez que se anuncie oficialmente la compra del 51% de Petrobras, se detalle la lista de bancos extranjeros que participaron en la operación. La abrupta caída de audiencia de Radio 10 y la amenaza de renuncia de Oscar González Oro es el menor de sus problemas. Por ahora "surfea" entre las llamadas telefónicas destempladas de la Presidenta y la necesidad de no aparecer pegado a las denuncias de corrupción.

Cristina y Cristóbal López tienen un razonamiento parecido. Se preguntan por qué se ensañan con los hombres de negocios K si en los últimos años la mayoría de las grandes empresas argentinas multiplicaron su facturación (en pesos) por diez. Para colmo, las desmentidas públicas que vienen haciendo los funcionarios y legisladores más cercanos a la Presidenta la complican todavía más. La diputada nacional Diana Conti, por ejemplo, salió a decir que ella pondría las manos en el fuego por Néstor, por Cristina y también por Máximo, aunque nadie le había preguntado por el hijo del matrimonio. Máximo todavía no fue investigado en profundidad, pero los servicios de inteligencia que suelen acercarle informes deberían anticiparle que en cualquier momento se conocerán más detalles de cómo mueve el dinero. El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli habló de acciones "terroristas" y pareció menear así la polémica ley antiterrorista cuyos alcances son difusos y cuya aplicación depende de la discrecionalidad de cualquier juez.

En los últimos días, las versiones sobre la intervención a Clarín recrudecieron y ahora se conocen más detalles. La Presidenta le habría ordenado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que empiece a preparar el desembarco. Los técnicos que deben poner su firma se negaron a hacerlo, porque no encontraron los motivos ni los argumentos. Los profesionales habrían sido desplazados. En su lugar habrían incorporado a jóvenes inexpertos pero dóciles de La Cámpora. Los dueños del Grupo Clarín esperan la avanzada de un momento a otro. No tienen precisiones de cómo sería. Hay quienes imaginan una intervención por 180 días, el desplazamiento de unas veinte personas, incluidos los responsables de los contenidos editoriales del matutino, Canal 13, Todo Noticias y Radio Mitre, y la garantía al resto de los empleados de que cobrarán su salario y podrán trabajar "con normalidad". Dentro y fuera del grupo se registra cierta desorientación. Hay quienes sostienen que Cristina no podría ser tan torpe como para intervenir Clarín, porque eso constituiría un suicidio político. Pero otros creen que "ya está jugada" y que le importan poco las consecuencias políticas de semejante decisión. ¿Qué pasaría en la Argentina si dejara de salir este Clarín, el programa de Jorge Lanata, el Telenoche que conducen Santo Biasatti y María Laura Santillán o las entregas diarias de Marcelo Longobardi? ¿El Gobierno se encargaría de publicar un Clarín "trucho" y convencería a periodistas del grupo para que reemplacen a sus colegas "destituyentes"? ¿Alentarían un paro por debajo de la mesa para interrumpir la continuidad del matutino y los programas? ¿Cómo reaccionarían el resto de los medios y de los periodistas? ¿Qué harían los fiscales o los jueces? ¿Cómo justificaría, en este caso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, su permanente esfuerzo por no quedar en el medio de esta "guerra de gigantes"? Ni siquiera los multimedios que no comulgan con el Grupo Clarín ignoran que si ahora van por su adversario más poderoso, mañana o pasado será mucho más fácil que vayan por ellos.

La eventual intervención del Grupo Clarín por parte del gobierno nacional no aparecía como un asunto "popular" hasta que Mauricio Macri anunció el martes que garantizaría la libertad de información y opinión a todos los periodistas y medios que ejerzan su oficio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La inhabitual y audaz jugada de Macri puso a toda la clase política patas para arriba. Para empezar, al correr por izquierda a la Presidenta, puso en evidencia que el gobierno nacional y popular es más autoritario, prepotente y de derecha de lo que se presenta. Para seguir, le hizo un guiño a toda la oposición y emplazó a sus pares para que se pronuncien y digan de qué lado están. ¿Qué actitud tomarán el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el intendente de Tigre, Sergio Massa? El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y los diputados Francisco de Narváez, Elisa Carrió y Fernando Pino Solanas no tienen dudas. Están contra la prepotencia de Cristina Fernández porque de esto depende su futuro político. Y porque sus votantes les darían la espalda si quedaran a mitad de camino.

Igual que cuando Néstor y Cristina decidieron iniciar su pelea contra el campo, la dinámica de la confrontación es imparable y va a terminar arrastrando a todos los actores. Faltan tres meses para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), un poco menos para que se conozca el fallo de la Corte sobre la ley de medios, y la consecuencia práctica de la decisión del jefe de gobierno de la ciudad apunta a ganar tiempo para evitar la intervención a Clarín. ¿Será Macri el nuevo Julio Cobos de este escenario enrarecido? ¿Amagará Cristina Fernández otra vez con su renuncia como hizo aquella madrugada de furia cuando perdió la votación por la 125? Habría una opción más fácil y más genuina. Que la Presidenta alentara una investigación implacable contra todos los funcionarios y empresarios acusados de actos de corrupción, como hace Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Pero todo parece indicar que Ella ya eligió, y que su determinación ya no tiene retorno.

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El intendente de Tigre, Sergio Massa, propinaría un golpe definitivo al sueño de Cristina Eterna. Si se presentara como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones de octubre, se transformaría en un rotundo ganador y arrancaría primero en la grilla de los presidenciables. Más de una decena de grandes grupos económicos están dispuestos a financiar su campaña. Y si al final se decide, ni siquiera Francisco De Narváez, quien hasta ahora figura como ganador en todas las encuestas de la provincia, se opondría a formalizar un acuerdo que los pusiera de un mismo lado. Es más: dirigentes como Mauricio Macri, José Manuel de la Sota, Roberto Lavagna y Hugo Moyano confluirían en un solo espacio y postergarían sus ambiciones de 2015 para decretar el comienzo del fin del ciclo cristinista en 2013. Incluso Daniel Scioli, uno de los hombres a los que más afectaría un eventual triunfo del intendente, no vería con disgusto que la victoria del ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández pusiera un límite concreto al avasallamiento presidencial. El gobernador preferiría que su vecino de Tigre no creciera tanto. Sueña con ser el gran candidato al otro día de las legislativas de octubre. Sin embargo, entre que gane el proyecto político de Cristina o competir más tarde con alguien como el intendente, prefiere lo segundo, porque lo primero implicaría que lo eyectaran de la gobernación.

En las últimas semanas, Massa fue y vino varias veces. Impulsó y desarmó reuniones políticas para confirmar su candidatura. Mantuvo encuentros secretos con gente de De Narváez, Macri y con hombres de negocios que vienen siendo hostigados por el gobierno desde marzo de 2008. Políticos que hablan por boca del intendente pusieron incluso una fecha y un lugar de lanzamiento para su candidatura. Pero en las últimas horas Massa, que venía conduciendo al límite de la velocidad permitida, puso el freno de mano y empezó a manejar en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque no está convencido de hacerlo. Porque teme que, después del seguro triunfo, el nivel de expectativas que generará su figura no podrá ser satisfecho ni en un año ni tampoco en dos, cuando la Presidenta se empiece a despedir de su último mandato. "Sergio podrá ganar las elecciones al candidato de Cristina y la gente lo colocará en la grilla como el mejor postulante a la presidencia en 2015, pero solo tendrá el poder de un diputado nacional, en el medio de un Parlamento partido en mil pedazos", me explicó el viernes pasado uno de los pocos hombres de negocios que le aconseja no salir a jugar en el medio de este mar revuelto.

Los que lo empujan a subirse al tren sostienen que ése es un mal diagnóstico. Que 2013 no será como 2009, cuando el acuerdo entre De Narváez, Macri y Felipe Solá generó expectativas después de derrotar a Néstor Kirchner, Scioli y Massa en una misma elección. "Si Sergio se presenta ahora y gana, el impacto político en el Parlamento será tal que el Frente para la Victoria perderá su mayoría automática y tendrá que negociar con el resto de la oposición", me explicaron. Ellos sostienen que Cristina no podrá dar vuelta la tortilla como lo hizo Néstor en aquella oportunidad, porque ahora no hay dinero del Estado ni poder político suficiente como para lograrlo. "Sergio, primero mirá las encuestas y después hacé una recorrida relámpago por toda la provincia. Esto no es como 2009. Esto huele a fin de ciclo", le dijo hace un tiempo a Massa un sociólogo que no cree en las estadísticas sino en las muestras de humor social. Sin embargo, en este caso, los números parecen coincidir con el clima de época. La imagen de la presidenta viene cayendo cada vez más y con mayor velocidad. La de Scioli bastante menos, y la baja de Massa es casi imperceptible. Sin embargo, la tendencia es arrolladora: el mal humor parece mayor, todavía, al que imperó en junio de 2009. La mezcla explosiva de la tragedia de Once, las inundaciones, la exponencial difusión de hechos de corrupción que salpican a la jefa de Estado; la inflación, la suba del dólar blue, la caída de la actividad económica y el anuncio del blanqueo para quienes no pagaban impuestos o atesoraron dinero cuyo origen es ilegal terminarían pulverizando a cualquier candidato del oficialismo.

En 2009, horas después de la derrota, Kichner hizo "magia política". Juntó a su mesa chica en Olivos y los convenció, uno a uno, que en realidad no había perdido, sino que había ganado por unos pocos votos. Les explicó que no valía la pena salir a denunciarlo porque hacerlo habría provocado un caos institucional. Contagió a sus seguidores de pura mística e hizo aprobar una maratón de leyes e iniciativas que pusieron otra vez al gobierno en el centro de la escena. Desde el Fútbol para Todos hasta la denominada Ley de Medios. "Sí, pero entonces tenían caja, reservas y el impacto de la crisis internacional se había empezado a diluir. Ahora tienen más inflación, cepo cambiario, están desesperados por conseguir dólares y la mayoría de quienes los votaron están espantados por los bolsos con dinero que viajaban en aviones privados que iban y volvían a Río Gallegos, Calafate, Montevideo, Punta del Este y Panamá" me explicó el consultor que no cree en las encuestas, y después preguntó: "¿Cómo van a hacer para revertir esa imagen con lo poco que falta para las primarias de agosto?". La posibilidad de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) decida, con cualquier excusa, nombrar un veedor para intervenir al Grupo Clarín y desplazar a Jorge Lanata y todos los periodistas críticos del diario, Radio Mitre y Canal 13 es algo que suena disparatado y casi suicida. Pero no sería la primera vez que este gobierno transforme una decisión loca e impensable en una medida administrativa de apariencia legal.

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Es necesario que las denuncias periodísticas contra el ex cajero Lázaro Báez -que dañan la imagen de la presidenta Cristina Fernández- sean objeto de una seria y profunda investigación judicial. Se necesita una pesquisa que concluya en un fallo sin postergaciones y cuyo resultado sea contundente. Un final que no siembre ni dudas ni sospechas. Porque si después de leer, escuchar y ver a Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Eduardo Arnold, Miriam Quiroga, Estela Kank, Mariana Zuvic y otros denunciantes, semejante movida quedase en la nada, la decepción se apoderará otra vez de una buena parte de la sociedad. Y no sólo eso. También la sensación de fraude se dirigirá en contra de quienes destapan los casos, pero están impedidos de hacer justicia.

Esta misma percepción -la de que se denuncia mucho, pero nadie es condenado- es uno de los motivos por los que Elisa Carrió, entre otros dirigentes opositores, perdió millones de votos y mucha de la credibilidad que poseía cuando comenzó su carrera política. En el medio de este nuevo clima Carrió recuperó algo de su caudal, pero todavía hace un diagnóstico poco inteligente de por qué le pasó lo que le pasó. La dirigente piensa que la mayoría de los argentinos todavía no soportan escuchar la verdad. Que se niegan a aceptar, por ejemplo, que éste es "un gobierno de corruptos" y que incluso la jefa del Estado estaba al tanto de los presuntos negocios sucios de Lázaro Báez y otros hombres de negocios de la era nestorista. Cuando se le sugiere que a veces las acusaciones verbales no equivalen a una prueba o que resulta contraproducente presentar una denuncia penal sin los mínimos elementos, Carrió suele atacar al interlocutor. Y enseguida explica que los auxiliares de la Justicia no avanzan "porque no quieren" y no porque no tienen las evidencias. La diputada nacional considera que sólo hay unos pocos momentos en los que se conjuga la indignación social con un deseo profundo de encontrar la verdad. Y que por eso, a esos momentos, hay que aprovecharlos al máximo. Gritar bien fuerte y bien claro, para que a nadie le queden dudas de quiénes son los responsables de los delitos.

Es verdad que ella y los dirigentes de su partido presentaron, en 2008, una denuncia por asociación ilícita que contiene muchos de los mismos elementos que ahora volvieron a presentarse como una novedad. La corrupción de la obra pública, el atesoramiento de dinero en negro y el uso de facturas truchas para pagar coimas a funcionarios son sólo algunos de ellos. Y los testimonios que se vienen escuchando desde hace casi un mes sirvieron para confirmarlos y ampliarlos. Pero también, en los últimos días, Carrió metió en la misma bolsa y en el medio del festival de denuncias nada menos que al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Lo acusó de pactar con la Presidenta los contenidos de una reforma judicial que terminaría de atar de pies y de manos a fiscales y a jueces para impartir justicia con equilibrio y sin presión política. Le endilgó haber quitado un párrafo de una carta que los principales camaristas del país le enviaron a la jefa del Estado en la que advertían sobre las nefastas consecuencias de la reforma judicial. Pero fuentes cercanas a Lorenzetti siguen sosteniendo que lo hizo para evitar que lo acusaran de prejuzgar sobre el asunto antes de que la Corte emitiera el fallo. Un juez federal que habla con el presidente de la Corte me dijo que el Tribunal Supremo va a hacer lo imposible para evitar que la reforma judicial que aprobó el Parlamento de manera polémica se ponga en funcionamiento. "Va a dictaminar que es inconstitucional más temprano que tarde", pronosticó.

El verdadero problema es que, cuando el país está sometido a semejante ruido y sus habitantes consumen cada día un nuevo escándalo de corrupción, a la mayoría le cuesta discernir cuál es la verdad y cuál es la mentira y diferenciar lo anecdótico de lo relevante. Lo mismo les sucede a algunos colegas, quienes, en el medio de semejante desbarajuste informativo, intentan plantear diferencias donde no las hay. Algunos de ellos, incluso con buena intención, pero sin experiencia en periodismo de investigación, se muestran indignados cuando escuchan o ven a personajes procesados y con prisión preventiva hablar de cómo se roba, por ejemplo, con la obra pública. Es posible que lo hagan porque no evalúan la verdadera importancia periodística de la palabra de un presunto delincuente. Los que cometieron delitos, en general, conocen el revés de la trama porque fueron parte. Estuvieron ahí. Y saben mejor que nadie cuáles son los agujeros del sistema. Lo mismo que a ciertos periodistas les pasa a otros argentinos, menos informados, quienes suelen preguntar, como una muletilla: "Si lo sabía desde hace tiempo, ¿por qué no lo dijo antes?". Para probar los hechos de corrupción, las motivaciones personales o políticas de los denunciantes no tienen ninguna importancia. Tampoco el momento en que los testigos o partícipes de los delitos eligen denunciarlos. Lo que importa es que los dichos sean verdaderos y que se puedan probar con otras evidencias u otros documentos. También es cierto que muchos confunden el trabajo del periodista con el del fiscal y el juez. Incluso algunos, con cierta indignación, nos piden pruebas y evidencias, como si tuviéramos el poder para redactar un fallo y enviar a los responsables a la cárcel. Es probable que esto suceda porque nos ven escribir o hablar con énfasis y convicción y también con cierta impotencia. La impotencia propia de quienes esperan resultados y sólo se encuentran con causas dormidas, cajoneadas o sobreseídas en tiempo récord. Por ejemplo, el juicio que investigó el enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner y Cristina Fernández fue cerrado, en tiempo récord, por Norberto Oyarbide, entre la Navidad y el Año Nuevo de 2009.

Aun con semejante panorama, hay algunas cosas novedosas que algunos periodistas podríamos hacer para ayudar a esclarecer ciertas causas. Una sería, sin duda, informar con lujo de detalles sobre los antecedentes de los fiscales y los jueces que manejan los juicios más sensibles. Y hacer un seguimiento minucioso de cada una de las decisiones que se estén tomando en sede judicial. No convertir este procedimiento en una caza de brujas como la que intentó Hebe de Bonafini con los magistrados de la Corte Suprema. Sí presentar un trabajo constante y detallado, para que los lectores tengan una idea clara de hasta dónde piensa o puede llegar un juez cuando una causa le quema. No sólo nos quitaría una presión que no nos corresponde. Además, brindaríamos a los ciudadanos un servicio que seguramente agradecerán, por más que la ola de denuncias haya sido desplazada de la agenda por otros asuntos más urgentes. Ésta es la hora de los fiscales y los jueces. Por eso hay que llamar la atención sobre los intentos del Gobierno de desviar el eje de la información y transformarla en una guerra de periodistas.

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Una foto puso en alerta a toda la dirigencia política. La foto que se tomaron, juntos, el primero de mayo pasado, en Córdoba, el anfitrión, José Manuel de la Sota; el diputado Francisco de Narváez; el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna; el líder de la CGT disidente, Hugo Moyano; y el representante de los trabajadores rurales, Gerónimo Venegas.

Hay muchas preguntas para hacerse, y sus respuestas no son sencillas. Vamos por partes. ¿Es una foto vieja, como sugirió Mauricio Macri, un tanto despechado por lo que consideró un desplante de Lavagna, con quien venía conversando para que se transformara en el primer candidato a senador en la Ciudad? Depende del lugar desde el que se lo mire. Un dato incontrastable es que casi todos los que estaban allí sintonizan con las nuevas demandas sociales que se fueron planteando en las últimas tres movilizaciones autoconvocadas. Es verdad que ninguno aterrizó en la política ayer, pero también es cierto que todos, incluido el propio Moyano, están haciendo un gran esfuerzo para sintonizar con la parte de la Argentina que quiere una justicia no domesticada y mucho de sentido común.

El intendente de Tigre, Sergio Massa, parece coincidir con Macri con que se trata de una foto vieja, pero por distintas razones. Mientras el jefe de gobierno de la Ciudad desconfía porque entiende que detrás de la convocatoria de Córdoba está también el fantasma del gobernador Daniel Scioli, el intendente de Tigre la rechaza porque siente que se trata de un núcleo cuyo único objetivo es oponerse a Cristina Fernández, sin reconocer lo bueno que se viene haciendo desde 2003. Mientras Macri considera que no le genera confianza ni un Scioli que apoya la reforma judicial ni un De la Sota que lo convocó más de una vez para sacarse una foto pero que a la hora de trabajar juntos lo colocó fuera del proyecto peronista, Massa lidia con sus propias encuestas. Según esos números, cualquier declaración considerada muy opositora le quitaría un considerable caudal de votos. Y cualquier postura percibida como cercana al gobierno nacional, también.

Los que se abrazaron y subieron al escenario en Córdoba piensan de otra manera. Creen que para ganarle al cristinismo en octubre de 2013 no solo hay que parecer, sino también ser. Dicen que hay que evitar, de cualquier manera, que Cristina Fernández imponga una reforma sui generis de la Constitución para después instalar su propia reelección. Aseguran que si no se derrota al oficialismo en octubre se corre el riesgo de tener que soportar a la Presidenta hasta 2019. Tanto de la Sota, como de Narváez y Lavagna aceptan que es muy difícil que las figuras de Moyano y de Venegas sirvan para aportar votos, pero que ambos son imprescindibles para evitar la conformación de un nuevo fraude electoral. "Van a poner todos los fiscales que sean necesarios. Y eso es mucho más de lo que cada uno de nosotros puede empujar", reconoció uno de los armadores de la foto del día del trabajador.

Un alto dirigente del PRO me dijo que Moyano era piantavotos. Y que en todas las encuestas cualitativas prevalece su imagen negativa por sobre su reconocimiento. Pero también admitió que la demanda de la gente, y no solo en la Ciudad, es que la oposición se una, se organice y le ponga límites a la Presidenta de la Nación. Para ese último punto, hay muchos argentinos consultados que piden el apoyo de los sindicatos más poderosos porque piensan que con la oposición política no es suficiente. Por todo eso, la foto de Córdoba puso al macrismo en estado deliberativo y lo volvió a partir en dos. Están los que sostienen que hay que consolidar la identidad, aunque todavía no se logre acumular la masa crítica como para ganar una elección presidencial. Y están los que creen que hay que aliarse con el peronismo disidente en las próximas elecciones, para después plantear una gran interna donde el candidato a presidente sea el que consiga más votos. Los primeros escuchan los consejos de Jaime Durán Barba y están muy dolidos con Lavagna. "Fuimos muy generosos con Roberto. Acordamos que sería nuestro primer senador en la Ciudad detrás de Gabriela Michetti. Quedamos en que después iríamos a una interna, con el propio Mauricio, para dirimir el próximo candidato a presidente en 2015. Sin embargo, en la primera de cambio, fue y se sacó una foto que atrasa por lo menos cinco años", me dijo alguien muy cercano al jefe de gobierno.

"No importa cuántos nos subamos al escenario de la victoria el día de la elección. Lo importante es que Mauricio esté ahí. Que ganen los candidatos de PRO en la Ciudad y en Santa Fe y que aparezcan mezclados en las listas de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos", me explicó un representante del ala "acuerdista". El está seguro que, antes del cierre de listas, Macri y De Narváez van a lograr un entendimiento mínimo. Algo que les sirva para sumar a los dos. El Pro-acuerdista moviliza a la militancia para que siga pintando las paredes de amarillo con la consigna Mauricio 2015 pero interpreta que, lo que va a definir la elección presidencial no es tanto la imagen de cada dirigente sino el grado y la velocidad del deterioro de la economía nacional. "Si la crisis se profundiza pero a un ritmo más o menos lento, como hasta ahora, Scioli tendrá la gran oportunidad de su vida. Si la caída de la imagen de Cristina se acelera, Massa se presentará como candidato a diputado nacional y todas las especulaciones que estamos haciendo se habrán ido al diablo. Y en este caso, no descartes la posibilidad de que Sergio y Mauricio trabajen en algún tipo de acuerdo para integrar el mismo espacio. Pero ni nos seguimos peleando cada vez que aparece una foto que no nos gusta o un gesto que consideramos una traición, la única beneficiaria va a ser Ella, y la gente nos va a pasar una factura más grande que la de octubre de 2011", pronosticó el armador. El tipo está todo el día con una libretita en la mano. Sube y baja candidatos de listas que nunca se terminan de cerrar. Al cierre de esta edición, me aseguró que los malos entendidos con Lavagna ya se habían superado.

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¿Por qué la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no sale a desmentir con energía y datos precisos las denuncias que la vinculan con Lázaro Báez ? ¿Por qué permite que no sólo Jorge Lanata y su equipo, sino también otros periodistas, como los de LA NACION, Clarín, Perfil y quien esto escribe, entre otros, sigan aportando nuevos datos que no son cuestionados ni puestos en tela de juicio por los propios involucrados? ¿Es porque sus asesores le dicen que no lo haga o porque no tiene los elementos para refutar las denuncias sobre lavado de dinero y otros presuntos delitos que habría cometido Báez?

Empecemos por el principio, lo más sencillo y lo más obvio, aunque parezca reiterativo: Néstor Kirchner y Lázaro Báez fueron socios en un emprendimiento inmobiliario. Y, por lo tanto, su esposa también lo fue. Por otra parte, Austral Construcciones fue la empresa que más obra pública obtuvo de toda la Patagonia. La cartelización de la constructora de Báez fue denunciada decenas de veces. El ex gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo y la ex accionista de la constructora Kank y Costilla, Estela Kank, volvieron a repetir, en las últimas horas, lo que habían denunciado en El Dueño, en noviembre de 2009. Uno dijo que había renunciado porque se negó a pagar por adelantado, con plata del Estado provincial, un sobreprecio que reclamaba la empresa de Báez. La otra contó cómo Lázaro se quedó con parte de su empresa. También detalló cómo se pagaban las coimas a funcionarios. Pero no sólo me lo dijo a mí y a Rodrigo Alegre, del equipo de PPT. También dejó constancia de los hechos en un expediente judicial. Por otra parte, lo más altos directivos de Austral, junto con Badial, Gotti y otras firmas de Báez, fueron condenados por usar facturas apócrifas por más de 500 millones de pesos. Sigamos: el socio de Kirchner no fue preso sólo porque, en el camino, se aprobó y promulgó una ley de moratoria y blanqueo. Pero el delito de evasión se cometió. Y el uso de las facturas truchas pudo haber tenido origen en el blanqueo de coimas pagadas en negro.

Por todo eso y algunas cosas más -como el hecho de que Báez y su esposa compartieron la última cena con Néstor y Cristina, y que el ascendente empresario le construyó un mausoleo al ex presidente- es inevitable que cualquier argentino más o menos informado vincule al sospechado con la Presidenta. Por lo demás, todo parece indicar que ni las repercusiones por la investigación de la ruta del dinero negro de Báez ni el clima de indignación que envuelve a una parte de la sociedad vayan a apagarse como por arte de magia. ¿Por qué entonces Cristina Kirchner no sale y se desmarca de manera definitiva del ex cajero del Banco de Santa Cruz? ¿No es lo primero que debería hacer, para terminar con todas las habladurías? ¿Supone acaso que los sucesos del Borda, donde la policía metropolitana reprimió de manera brutal no sólo a militantes encapuchados sino también a periodistas, legisladores, médicos, enfermeras y pacientes, pueden servir para quitar de la agenda pública el asunto del lavado? ¿Cree, acaso, de verdad, la jefa del Estado, que las informaciones son una pavada, como las calificó el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina? ¿Entiende, como Julio De Vido, que las denuncias periodísticas son hechas por quienes le buscan el pelo al huevo? ¿O tiene, Ella, la secreta esperanza de que la procuradora Alejandra Gils Carbó y sus otros operadores en la Justicia consigan diluir el expediente y transformar los presuntos delitos en meros impactos mediáticos?

No es difícil adivinar que Báez apareció ante una cámara de televisión y una semana después anunció que se presentaría a declarar de manera espontánea ante la Justicia para quitarle presión a la propia Presidenta. Sin embargo, a esta altura debería haber comprendido que no es suficiente. Las repercusiones parecen ser infinitas. Las hay de todas las formas y colores. La Justicia de Suiza ya pidió información sobre las cuentas de uno de los hijos de Báez. Legisladores de la oposición en Uruguay quieren saber qué tuvieron que ver los bancos y los aeropuertos de su país con la ruta del dinero que delinearon Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Los movileros de los programas de espectáculos hacen guardia en la casa de Karina Jelinek y Fabián Rossi, el esposo de Iliana Calabró. En cualquier momento vuelve a aparecer Fariña para hacer "nuevas aclaraciones". Y todavía, más allá de Báez, hay causas que parecen dormidas, pero que tanto fiscales como jueces y periodistas de investigación tienen la intención de que no terminen en la nada. La participación de Boudou en el caso Ciccone es una de ellas. La de Sueños Compartidos, que involucra a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, pero también a Hebe de Bonafini y que llegaría hasta el propio Néstor Kirchner, todavía no se cerró, y se deberían esperar más novedades, a pesar del propio magistrado Norberto Oyarbide.

Así como a partir de 2009 resurgió en las librerías el periodismo de investigación y todavía perdura, las notas de Periodismo para Todos volvieron "a poner de moda" la denuncia en televisión. Y la onda expansiva llegó a la radio. Las emisoras y los programas que hablan y aportan más datos sobre hechos de corrupción ganan audiencia a pasos agigantados. Las radios y los periodistas que los ignoran están comprobando, ahora mismo, cómo sus oyentes se fugan en masa. El desconcierto en el que parecen sumidos los empleados de las redes sociales que trabajan para el Gobierno y aún quienes lo defienden de manera honesta es un buen dato para intuir cuál es la envergadura de este nuevo clima de temporada. Igual que Cristina, los intelectuales de Carta Abierta parecen no tener nada que decir sobre el caso de Lázaro Báez y todas sus ramificaciones. Tampoco los programas oficiales y paraoficiales de televisión resultan tan efectivos para neutralizar las afirmaciones de los periodistas críticos. Ni siquiera la coyuntura de la economía parece acompañar al Gobierno. Al contrario: la constante subida del dólar paralelo, lejos de pasar inadvertida, genera todavía más mal humor y preocupación en una buena parte de la clase media.

Un ex ministro de Néstor y Cristina me recordó, la semana pasada, que la Presidenta, tras la muerte de Kirchner, les había dejado en claro a por lo menos tres de los amigos de negocios de su compañero que Ella iba a empezar a funcionar de otra manera. Que no iba a permitir ningún acuerdo fuera de lugar ni avalaría ninguna decisión que implicara obrar por encima de la ley. Uno de ellos es Báez. Este sería un momento excepcional para que se parara frente a los argentinos e hiciera honor a su palabra. Para que dejara en claro que no va a mover ni un solo dedo para que Báez no sea investigado y condenado, si es que se prueba su participación en los hechos denunciados. Algo parecido a lo que hace la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y que tanto aprueba la mayoría de su país. Nos taparía la boca a todos. Sería muy reparador. Y terminaría con el estado de sospecha.

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¿Cuánto falta para que la impecable investigación periodística de Jorge Lanata sobre Lázaro Báez se empiece a diluir, como baja la espuma, y que parte de la Justicia cajonee el asunto hasta que otro escándalo lo reactive y todo vuelva a empezar? Esta película ya la vi y les aseguro que, por ahora, no tiene un final feliz. O para decirlo con más precisión: su resultado depende casi pura y exclusivamente del clima político del momento. Me lo dijo un juez federal que fue designado por Néstor Kirchner: "En la Argentina, un presidente y sus hombres de confianza pueden empezar a ser condenados por actos de corrupción sólo a medida que van perdiendo su poder. Nunca antes. Y menos mientras gocen de cierto apoyo popular. No importa la acumulación de evidencias. Ni siquiera importa el tipo de delito que hayan cometido". Se trata de un magistrado que tuvo en sus manos una de las varias causas que le iniciaron al propio Kirchner por enriquecimiento ilícito y que también manejó, durante un tiempo, un expediente en el que Báez aparecía imputado como miembro de una asociación ilícita.

El otro dato relevante para comprender por qué sería tan difícil condenar e incluso meter presos, por ahora, a personas como Báez, al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime o al vicepresidente Amado Boudou es el nivel de lubricación que tienen los engranajes del sistema de impunidad. Hagamos uso de la memoria reciente. Aunque los elementos para imputar y procesar a Boudou en el caso Ciccone fueron y son innumerables, el primer capítulo del escándalo hizo volar por los aires al ex procurador general, Esteban Righi, al juez federal Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo. Y el segundo capítulo podría ser más triste todavía. Porque la reemplazante de Righi, Alejandra Gils Carbó, parece decidida a evitar que los fiscales impulsen investigaciones que puedan afectar directa o indirectamente a la jefa del Estado. Es cierto: resulta evidente que el vicepresidente ya no puede ser candidato a nada, pero su suerte procesal no la decidió un fiscal o un juez sino el mero análisis político de la Presidenta y de su principal asesor, el secretario Legal y Técnico Carlos Zannini. "Si lo dejo caer a Amado enseguida vienen por mí", le adjudican a Cristina Fernández haber argumentando frente a un ministro con criterio propio, cuando éste le planteó la inconveniencia de seguir sosteniéndolo. ¿Por qué Ella no dijo todavía ni una palabra sobre la sospecha de lavar dinero y de evadir impuestos que hay sobre Lázaro Báez y sus empresas? ¿Por qué aún no aclaró, con precisión y mucho detalle, cuál es el vínculo que tenía el ex cajero del Banco de Santa Cruz con su marido fallecido? ¿Por qué no deslinda responsabilidades para evitar así que los argentinos que le dieron su voto, y también los que no, sigan alimentando sospechas que podrían ser infundadas? Kirchner y Báez fueron socios en un emprendimiento inmobiliario impulsado por Austral Construcciones mientras el primero era presidente de la Nación y el segundo contratista del Estado. Ese mero dato ya es escandaloso. Y no es un invento del autor de esta nota. Figura en las declaraciones juradas de ambos. Fue publicado decenas de veces. Igual que fue difundida una gravísima denuncia del ex vicegobernador de Santa Cruz Eduardo Arnold contra Kirchner y Báez, a quienes acusó de estar involucrados en un pedido de una coima del 20% sobre un crédito de más de 3 millones de dólares del Banco de Santa Cruz a un par de empresarios navieros. Desde noviembre de 2009, cuando salió la primera edición de El Dueño hasta ahora mismo, cuando volvió a ser requerido por la prensa como si se tratara de Lionel Messi, Arnold viene repitiendo que todavía espera que algún fiscal o algún juez lo llame a declarar para ratificar sus dichos. Y hasta Ricardo Monner Sans se tomó el trabajo de hacer más de una presentación para que alguien, en Comodoro Py, se ocupe del tema.

La ruta de una causa judicial que debería haberse activado, pero nunca comenzó o las denuncias que son manejadas al ritmo político del momento y se pierden entre excusas y recusaciones son escenas repetidas y desalentadoras. Además, colman de frustración a una buena parte de la sociedad. Para colmo, los estrategas mediáticos de la Presidenta han conseguido imponer una de las ideas más locas del mundo. Es la que afirma que los periodistas de investigación no solo tenemos la obligación de sacar a la luz lo que el poder pretende ocultar sino también de probarlo, con las mismas evidencias que utilizaría un fiscal o un juez. Si lleváramos ese razonamiento al extremo, los equipos de investigación periodística, para ser suficientemente creíbles e infalibles, deberíamos trabajar en una misma oficina con un juez, un fiscal y un grupo de policías anticorrupción. Y para llamar la atención sobre un presunto delito cometido por un funcionario público o un poderoso empresario tendríamos que atraparlo in fraganti, con los dólares o los euros en la mano y a punto de subirse a un avión para salir del país, como si fuera parte de la trama de Trafic y de El Informe Pelícano.

La forma en que se roba dinero del Estado en la Argentina suele ser más sencilla y menos espectacular. Fue presentada por Fabiana Ríos antes de ser elegida gobernadora de Tierra del Fuego y por Paula Olivetto Lago, hace más de ocho años. La llamaron "cartelización" de la obra pública y cualquier contador o abogado recién recibido es capaz de detectarla. También cualquier periodista entrenado en chequear datos. Eso sí: para concretarla se necesita una fina sintonía entre las contratistas que participan del acuerdo, los funcionarios que autorizan las adjudicaciones y los que ponen la firma para hacer efectivos los pagos con sobreprecios. El ex gobernador de Chubut Mario Das Naves se cansó de explicarlo una vez que decidió romper con Néstor Kirchner y Cristina Fernández. "Las viviendas sociales de Santa Cruz costaban casi el doble que las de mi provincia", me dijo a fines de 2008. ¿Por qué debería ser tan difícil probarlo para un juez con la suficiente voluntad y libertad de conciencia para hacerlo?

En mayo de 2007, un grupo de investigadores de la AFIP liderados por el entonces director de la regional Comodoro Rivadavia, Norman Williams, actuaron sin presiones y con suma profesionalidad para detectar el uso de facturas apócrifas de empresas vinculadas con la obra pública. "No fuimos a buscar a las empresas amigas del Presidente. Lo que hicimos fue meternos en la base de datos de proveedores del Estado", me dijo un integrante del equipo. Así descubrieron que las firmas de Lázaro Báez habían usado facturas truchas por 500 millones de pesos. Y también lo probaron. A Báez lo salvó de ir preso la ley de moratoria y blanqueo aprobada en 2008. Fue cuando muchos supimos que ese tipo de maniobras se realizan para ocultar el pago de coimas. En el final de esta película, el chico valiente no besó a la chica linda y buena. Al contrario. El Gobierno se encargó de sacar de su puesto tanto a Williams como a una decena de funcionarios más, desde el número uno de la Dirección General Impositiva hasta su jefe directo.

Quizá volver a presentar denuncias, incorporar datos nuevos y publicarlos es lo único que nos queda a los periodistas que todavía podemos hacerlo, mientras los jueces esperan el tiempo político adecuado para acusar y condenar a los responsables.

Publicado en La Nación

Fue la peor semana del gobierno y de la Presidenta desde que ganó, en octubre de 2011, con el 54 por ciento de los votos. Sin embargo, si los principales referentes de la oposición no encuentran la manera de evitar la fragmentación, es posible que la organización que lidera Cristina Fernández vuelva a ganar las próximas elecciones de octubre y esgrima el derecho político de ir por la re-reelección.

El cambio de clima que empezó con las consecuencias de las inundaciones, continuó con la imposición prepotente del proyecto de ley de reforma judicial y se acentuó con la revelación de cómo lavaría el dinero Lázaro Báez, exsocio de Néstor Kirchner, lo que todavía no pudo ser capitalizado, de manera ostensible, por ningún referente de la oposición.

Porqué no se unen los dirigentes que tienen más coincidencias que diferencias, fue uno de los reclamos explícitos e implícitos de la última marcha del 18 de abril. Lo mismo me pregunté, desde este mismo espacio, el lunes pasado. Por lo menos cuatro operadores que participan de negociaciones para establecer coincidencias se contactaron para explicarme cuál es el verdadero estado de situación. Lo que no terminaba de entender es por qué, por ejemplo, Mauricio Macri y Francisco De Narváez no hacen un acuerdo ya para presentarse dentro de un mismo espacio.

Gente cercana al jefe de gobierno me explicó que, ahora mismo, Macri estaría dispuesto. Quienes trabajan para De Narváez también, pero preferirían, antes de la foto, un acuerdo político más amplio y algunas condiciones que no saben si Mauricio estaría en situación de cumplir. Para ellos, el acuerdo debería involucrar no solo a Macri sino también al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y al exministro de Economía, Roberto Lavagna. Pero además, debería incluir el compromiso del jefe de gobierno de la Ciudad de no pretender que De Narváez lo apoye para su candidatura presidencial de 2015. "No se puede hablar de 2015 sin resolver el 2013", repiten una y otra vez. "Si Mauricio dice que está dispuesto a servir el café en negociaciones que impliquen unirse para ir contra el gobierno debería dejar de pintar todo el conurbano de amarillo con la leyenda Macri 2015", me explicó un hombre cercano a De la Sota. Parece que el gobernador está enojado con Macri porque éste impulsa a un candidato, el exárbitro de fútbol Héctor Baldassi, que le restaría votos a los suyos. Y lo mismo pasaría con el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, a quien la candidatura a senador nacional de Alfredo de Angeli también le afecta, porque le quitaría fuerza a su espacio peronista.

La mirada de Jaime Durán Barba y Marcos Peña, entre otros, es sustancialmente diferente. Ellos opinan que Mauricio debe seguir construyendo en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y los principales distritos electorales del país y no aliarse con dirigentes peronistas, quienes, al final, van a ir corriendo detrás de la candidatura presidencial del gobernador Daniel Scioli. "Daniel no está en nuestro espacio. No piensa como nosotros. Sus diputados votan a favor de los más delirantes proyectos de Cristina. ¿Por qué vamos a poner energía en una idea que no tiene nada que ver con lo que pensamos y lo que sentimos?", me explicó una fuente cercana a ese círculo. Lo mismo opina la gente de De Narváez, pero no sobre Scioli sino sobre Sergio Massa.

El intendente de Tigre, según todas las encuestas, sería el único, en la provincia de Buenos Aires, que superaría a "El Colorado" en intención de voto. De Narváez lo presiona, en público, para que se defina. Se pregunta: ¿Está Massa contra Cristina o, por el contrario, es la carta que la Presidenta tiene escondida para ganar las próximas elecciones y lanzarse a la reelección? ¿Por qué diputados cercanos al exjefe de Gabinete de la presidenta dieron quórum para empezar a discutir la reforma judicial que solo sirve para domesticar a fiscales y jueces críticos y dar mayor poder a los adictos? Massa calla y espera. Si fuera solo por las encuestas, ya habría presentado su candidatura a diputado nacional por fuera del Frente para la Victoria y habría empezado a soñar con ser el próximo gobernador o también el futuro presidente. Pero su estómago le dice que el problema no sería tanto ganar sino aguantar la embestida cruzada de la jefa de Estado, Scioli y los intendentes que le responden a ambos durante el tiempo que falta para las próximas elecciones presidenciales.

A la centroizquierda le pasa algo parecido. El principio de entendimiento entre Elisa Carrió y Fernando "Pino" Solanas está fracturando el espacio en la ciudad de Buenos Aires. Victoria Donda, Alfonso Prat Gay y Claudio Lozano temen que la dispersión de votos los termine perjudicando, y mucho. Margarita Stolbizer se pregunta para qué necesita un entendimiento con Ricardo Alfonsín en la provincia de Buenos Aires si sus encuestas afirman que no le sumaría ni un voto a los propios. Mientras los incondicionales de Hermes Binner se están tomando muy en serio la idea de desacartonar al exgobernador de Santa Fe, la Unión Cívica Radical trabaja para que Macri no se lleve a sus "intendentes exitosos".

El gobierno está muy preocupado por las esquirlas del presente, pero sus cerebros electorales permanecen tranquilos, porque detrás del 18A y de las denuncias contra Baéz no hay, todavía, ninguna figura que aglutine tantos votos como para hacerle perder los próximos comicios. "El que ríe último ríe mejor", me explicó un ministro de este gabinete nacional con un lápiz electoral en la mano.

Publicado en El Cronista

La autoincriminación de Leo Fariña sobre cómo armaba sociedades para que Lázaro Báez sacara dinero negro fuera de la Argentina es el último dato de lo que parece una película sobre la mafia. Sin embargo, no es ficción. Se trata del eslabón más fino de una enorme y compleja cadena de hechos que demuestra el verdadero vínculo entre el excajero de Báez, el fallecido expresidente Néstor Kirchner y su esposa, la presidenta Cristina Fernández, haya Ella estado o no al tanto de los detalles.

En El Dueño expliqué cómo empezó todo. Báez se hizo incondicional de Kirchner en 1990, cuando el primero era cajero del Banco de Santa Cruz y el segundo, intendente de Río Gallegos. El excadete tenía 34 años y Néstor, 40. En el primer encuentro, Báez le suministró información confidencial que valía oro: la lista de los principales deudores de la entidad bancaria. Figuraba la crema de la crema de Río Gallegos y el resto de la provincia. Grandes, medianos y pequeños empresarios. Altos funcionarios públicos y adversarios políticos conocidos. Parientes, amigos y enemigos. Fue la primera gran caja que manejó el ex presidente. Me lo explicó Javier Bielle, diputado provincial por la Unión Cívica Radical entre 1995 y 1999, el hombre que los denunció debido a manejos irregulares en el Banco de Santa Cruz: "Así como Kirchner, desde la financiera Finsud, se valió de una lista de morosos para comprarles sus viviendas a precio de remate, desde el Banco de Santa Cruz controló a empresarios, comerciantes y políticos incluidos en la lista de deudores". La movida del gobernador y Báez fue muy redituable para ellos, pero muy perjudicial para la provincia. Cuando Kirchner decidió privatizarlo para "sanearlo", Báez y sus amigos ya habían repartido entre 150 y 200 millones de dólares que jamás pudieron ser recuperados. Los jueces amigos lo declararon libre de culpa y cargo.

El día en que Víctor Hugo Morales intentó desacreditar la investigación de El Dueño le pregunté si lo había leído y si sabía cómo empezaba el capítulo uno. No me respondió. Comienza con una seria denuncia del exvicegobernador de Santa Cruz Eduardo Arnold. Él compartía un departamento en Buenos Aires con un empresario naviero. Un día entró a la propiedad cuando vio a su amigo en calzoncillos y llorando. Temió que intentara suicidarse. Le preguntó qué le pasaba. "Estoy quebrado y voy a ir preso", le confesó. Le contó que le había ido a pedir un crédito a Kirchner y que éste lo mandó a hablar con Báez. Que Báez le respondió que no, pero cuando terminó la reunión y volvió al hotel Costa Río, en Río Gallegos, se le apersonó un militante del FPV para informarle que el crédito estaba, con una condición: el pago de una comisión del 20%. El empresario naviero reconoció ante Arnold que había aceptado el trato, pero que igual tenía dos graves problemas. Uno: había cometido la "imprudencia" de abonar la gestión con cheques de su cuenta personal y la entonces Dirección General Impositiva le estaba pidiendo explicaciones. El otro: al mismo tiempo, Kirchner y Báez le habían "cortado el chorro" y de un día para el otro las cuotas del crédito habían dejado de fluir. Cuando Arnold se reunió con Kirchner y le preguntó por qué hacía semejante cosa, el gobernador le respondió: "Si es así como vos decís, vamos a la Justicia". Y Chiquito Arnold replicó: "No me jodas... si en esta provincia la Justicia no existe". Entrevisté a Arnold con un grabador y una libreta. Le pregunté si estaba dispuesto a repetir lo que me dijo ante un fiscal y un juez. Me dijo que sí, pero todavía nadie lo llamó.

Igual, hay una verdad sencilla que podría ayudar a los investigadores a confirmar el vínculo entre Báez y la familia Kirchner. Es la coincidencia temporal entre los negocios del empresario y la asunción de Néstor y de Cristina como presidentes de la Nación. Austral Construcciones, la empresa madre de todo el grupo Báez, se fundó el 16 de mayo de 2003, nueve días antes de la asunción de Kirchner. Desde ese momento hasta ahora, se le adjudicaron obras por mucho más de 5000 millones de pesos. A fines de 2005, Báez debutó en un negocio en el que jamás había incursionado: se hizo dueño de la petrolera Misahar. El 23 de octubre de 2007, tres días antes de la primera victoria electoral de la Presidenta, sumó dos nuevas empresas dedicadas a la agricultura y la ganadería. Tampoco en ese rubro tenía experiencia previa. Cinco días después, el 29 de octubre, el excajero celebró el triunfo de Cristina con la inscripción de dos nuevas compañías: una se llama Austral Atlántica y la otra, Austral Desarrollos Inmobiliarios. En una de ellas fue socio de Kirchner, según la propia declaración jurada del ex presidente. Una de las últimas informaciones privilegiadas con las que contó Báez fue la certeza de que la Presidenta impulsaría la construcción de dos enormes represas hidroeléctricas en El Calafate, provincia de Santa Cruz. Las represas tenían nombre y fecha original de inicio. Se iban a llamar Condor-Cliff y La Barrancosa. Se deberían haber empezado a construir a principios de 2009. Aunque ya les cambiaron el nombre por el de Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, las obras todavía no se iniciaron. El lugar donde debían ser levantadas estaba predeterminado. Es el mismo que eligió el inefable Báez para comprar 182.000 hectáreas, divididas en diez estancias, a la vera del río Santa Cruz.

Mariana Zuvic, titular del ARI en Santa Cruz, hizo, hace tiempo, algo muy audaz. Recorrió los 315 kilómetros que separan Río Gallegos de El Calafate y se acercó a una de las estancias, La Julia, porque un arquitecto le había dado información inquietante. Le dijo que Báez había construido bóvedas y nichos de cemento para empotrar cajas fuertes donde poder guardar dinero en efectivo. Me lo contó cuando buscaba información para el libro Él y Ella , que fue publicado en julio de 2011. Él y Ella debía tener 16 capítulos. Pero hubo uno, que escribí y no publiqué, cuyo título es "¿Dónde está la plata?". Allí se cuenta, con lujo de detalles, el viaje de Zuvic para comprobar la existencia de esa rareza arquitectónica. Zuvic también tomó fotos. Con ese material, entre otros documentos, la dirigente -me anticipo- irá a la Justicia en las próximas horas para ampliar su denuncia. No publiqué aquel capítulo por sugerencia de mis editores. Me explicaron: "Parece un cuento de García Márquez, aun cuando sea verdad".

La gran novela de no ficción se completa con otro dato difícil de creer. Zuvic es hija de Miguel Zuvic, un ex empresario que se agarró a trompadas con Kirchner en marzo de 1995, cuando comenzaba su segundo mandato como gobernador. Zuvic fue el hombre que ideó el proyecto de una zona franca para Santa Cruz. Días después de la brutal pelea con Kirchner quedó completamente sordo, como consecuencia de un derrame producido por el estrés. Fui a ver a Zuvic a Tandil porque toda la historia, la de las bóvedas y la de su sordera, me parecía más una fantasía que un hecho. Lo encontré con su mujer, en su cuchillería. Está sordo y habla con dificultad. Zuvic me contó otra anécdota que parece increíble, pero que también es real. Después de la pelea, se tuvo que ir de la provincia. A pesar de todo, Kirchner quiso compensarlo, porque el remordimiento lo atormentaba. Entonces un día lo recibió y sacó de su bolsillo decenas de billetes arrugados y mezclados con cheques y pagarés y se los puso en la mano. "Sumaban como 15.000 dólares. Con esa plata intenté empezar de nuevo", confesó Zuvic. A Báez, el socio de Kirchner, el hombre que nunca le dijo que no, le fue mucho mejor. Es hora de que se levante y responda ante la Justicia sobre cómo maneja el dinero.

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